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Lawfare La Guerra Judicial

Lawfare La Guerra Judicial

El Papa Francisco recientemente alertó sobre la utilización del lawfare o guerra jurídica, como mecanismo de intervención en los escenarios políticos.  En la Cumbre Panamericana de jueces en el Vaticano expuso que “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos sociales”.

La guerra judicial –Lawfare, ha sido definida por el Comando Sur de EE.UU como parte de la estrategia para asegurar la influencia y recuperar la subordinación de lo que considera su “patio trasero”. Fue utilizada en  los  golpes de Estado contra los gobiernos de Honduras y Paraguay y cuando los golpes “blancos” institucionales fallan buscan imponerla por la fuerza como lo han hecho históricamente, y apuestan a golpes insurreccionales o amenazan con intervenciones militares directas como  en Venezuela, país  que soporta presiones y sabotaje a la población  y el bloqueo  de los EEUU,  provocando el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

La actual administración de EEUU ha acentuado el intervencionismo en la región procurando recuperar espacio de hegemonía perdida luego del fracaso de las políticas neoliberales en los 90 y del ascenso de gobiernos progresistas en la región que desplegaron estrategias de mayor soberanía y justicia social. Para asegurar sus intereses no puede permitir que un país  independiente y soberano  salga de su órbita de dominación.

La restauración de políticas neoliberales, en varios países de la región favorece la recolonización de nuestros países, la profundización de la dependencia y de políticas neoliberales que generan mayor concentración de la riqueza y exclusión social, lo cual termina por bastardear las democracias latinoamericanas.

La guerra jurídica es utilizada para denigrar y atacar a ex gobernantes progresistas, para evitar que vuelvan a surgir alternativas populares frente a las políticas neoliberales.No son hechos aislados, responden a políticas impuestas por los EEUU en todo el continente; lo que ocurre en Brasil contra Lula y Dilma Rousseff, el andamiaje perverso judicial y político utilizado para impedir que Lula se presente a elecciones. Las denuncias del reconocido periodista Glenn Greenwald de los EEUU, ganador del Premio  Pulitzer  2014 junto con el equipo del Washington Post, deja al descubierto como armaron el juicio contra Lula, la perversión y falsedad del juez Sergio Moro, Bolsonaro y la embajada de los EEUU.

En la Argentina se ha montado una arquitectura política de intervención de la justicia vía  espionaje, sea por la operación directa y paraestatal de agencias de inteligencia, con un fuerte componente mediático de la “cadena nacional” de los medios concentrados y de periodistas devenidos en “servicios”.

¿Cómo un chofer, como Centeno, tenía a su disposición información, datos y armado de un entramado para denunciar a Cristina Kirchner, sus hijos y ex funcionarios de su gobierno?  El pueblo no come vidrio, el engaño y bajezas con que actúan son semejantes al armado nefasto del juez Sergio Moro contra Lula en Brasil o como los que se aplican en Ecuador contra el ex presidente Correa.

Nuestros pueblos creen en la Justicia, pero ya no en el poder judicial. El gobierno amenaza y condiciona a  jueces y algunos magistrados tienen miedo de actuar porque  temen las represalias y amenazas a que se exponen.Que les  inventen causas para someterlos  a juicio político o les inventen algún “carpetazo”. Cuando un juez  investiga  hechos que involucran a funcionarios judiciales y  aliados del gobierno, como D` Alessio, el fiscal Stornelli, los presuntos republicanistas como el juez Bonadío, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, diputadas de la coalición oficialista, con sectores de  la corporación judicial, medios concentrados y propio presidente de la Nación, desatan una campaña feroz contra los jueces independientes como es el caso de Alejo Ramos Padilla y buscan descalificarlos y destruirlos para evitar que investiguen.

El presidente Macri en su impunidad del poder, invita al fiscal Stornelli a un acto público del día del Ejército para respaldarlo en su rebeldía, frente a las cinco citaciones a indagatoria del Juez Padilla, burlándose de la justicia a la que debiera servir.

Las acusaciones seriales que aplica el juez Claudio Bonadio, contra las ex Presidente de Cristina Fernandez, aún en casos donde queda en evidencia la falsificación de datos, como en la causa de importación de gas licuado, evidencia esa estrategia del lawfare. No importa la verdad, ni la objetividad, ni la justicia sino el cumplimiento de objetivos políticos al servicio del poder nacional.  

Los servicios de inteligencia  de  las embajadas de los EEUU y  de Israel  continúan actuando en la  sombra con  jueces que viajan ida y vuelta y reciben “formación” buscando demoler toda oposición  política y como incidir y manipular  la campaña electoral y la opinión pública, apoyados por una prensa canalla que actúa con total impunidad. Su objetivo es condenar antes de los juicios y provocar en la población los efectos de esas condenas mediáticas, levantando sospechas y acusaciones.

Las evidencias encontradas a Marcelo D`Alessio de ser agente de la DEA, con vínculos estrechos con los EEUU, e Israel, con la Ministro de Seguridad,  Patricia Bullrich y el fiscal Stornelli, su  participación en el G20 de jefes de Estados son hechos graves que atentan contra la seguridad del país. En el allanamiento judicial a D´Alessio le encontraron armamentos sofisticados que no hay en el país,  que pertenecen a las fuerzas armadas de los EEUU,  y documentación que comprometen seriamente su responsabilidad y actividades con el gobierno 

Es de suma gravedad el accionar de agencias de inteligencia paraestatales, como la que D´Alessio y quienes integran su grupo  de tareas, realizaron en Venezuela y Uruguay, violando los derechos soberanos de los países hermanos, hechos que se desprenden de la documentación secuestrada por la justicia.

Frente al lawfare, resulta necesario denunciar y esclarecer en la opinión pública su accionar, pero no alcanza. En la búsqueda de alternativas deberemos encarar estrategias de mayor transparencia y control en la gestión pública, y en la administración de justicia, así como mayor institucionalización de mecanismos de control y democratización de la sociedad.

 

Bs. As. junio 2019                              Adolfo Pérez Esquivel