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Comunicado por la sentencia referida a abuso sexual de un niño de 6 años

Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia expresamos nuestro más profundo repudio a la sentencia firmada por los jueces Benjamín Ramón Sal Llargué y Horacio Daniel Piombo, de la sala primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la causa contra Mario Tolosa quien abusó sexualmente de un niño de 6 años.

El fallo viola los derechos humanos contemplados en la Convención sobre los derechos del niño y los demás instrumentos internacionales que salvaguardan los derechos humanos. En el mismo los jueces resolvieron bajar la condena al imputado a raíz de la situación de su contexto socio-económico y a la presunta orientación sexual del niño que los jueces consideran atribuida a un anterior caso de abuso sexual.
Los jueces en su función de representes del Estado están obligados a respetar y garantizar todos los derechos humanos en el marco del interés superior del niño. Todo niño tiene derecho a: no ser sometido a malos tratos; a la protección de su integridad física y mental; a la no discriminación; a ser protegido contra toda explotación y abuso sexual; a la identidad y a la libre elección de su orientación sexual.

En reiteradas ocasiones estos jueces, en forma particular o conjunta, fueron denunciados por violar los derechos humanos a través de sus fallos. En el 2014 Horacio Piombo votó a favor de reducir la pena de un profesor que abusó de cuatro niñas de 6 a 9 años. Además en el 2012 firmó la libertad asistida a un condenado por la violación de su hijastra de 12 años. Ambos jueces en el 2011 absolvieron a Domingo Francisco Ávalos, el pastor que abusó sexualmente de dos niñas, planteando que ellas pertenecían a una clase social que acepta las relaciones sexuales a temprana edad.
Debido a todo lo contemplado anteriormente exigimos:
1) La suspensión inmediata en sus funciones de los jueces Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargué.
2) El procesamiento de los jueces antes nombrados.
3) Revisión de la sentencia en el marco de garantizar los derechos humanos.
Buenos Aires 20 de mayo de 2015