Los abajo firmantes consolidamos una inmensa red de personas, organismos y organizaciones territoriales, sociales, políticas, religiosas, educativas y sindicales de defensa de derechos humanos, en especial de niños, niñas y adolescentes que participamos de redes y colectivos de derechos humanos de Latinoamérica y el Caribe. Como parte de nuestra tarea colectiva elaboramos diagnósticos para evaluar las acciones de los Estados comprometidos por con Instrumentos Internacionales en el respeto de los Derechos Humanos, elaboramos propuestas, articulamos y atendemos en forma directa las necesidades de los más jóvenes. Alertados por la gravedad de las violaciones generalizadas a los derechos humanos y muy especialmente a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que se vienen suscitando en América Latina y el Caribe, queremos hacer llegar nuestro estupor y preocupación, así como solicitar la intervención en el ámbito que compete a ese organismo, frente a la gravedad de los hechos que afectan a los/las niños/as y adolescentes de Latinoamérica y el Caribe, exigimos a los Estados del continente por el respeto irrestricto, por el Estado de Derecho, la democracia, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y, muy especialmente, los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, nos hemos convocado preocupados por las graves violaciones de derechos humanos y en solidaridad con la avanzada represiva en otros países del Continente, por los hechos de público conocimiento en torno a los procesos de protesta social y la brutal respuesta represiva obtenida por parte de los Estados. En este contexto, numerosos países padecen el estado de excepción, que supone la suspensión de sus derechos, el toque de queda y la represión en el marco del ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, la libertad de expresión y resistencia a la opresión. En efecto los pueblos de Haití, Honduras, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, vienen dando lecciones de defensa de la democracia y denunciando la desigualdad social que los gobiernos pretenden imponer o agravar en beneficio de unos pocos. Este cuadro se completa con la matanza y persecución de defensores de derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la defensa de los sectores más vulnerables, defensores de los bienes comunes, ambientalistas, pueblos originarios y de colectivos lgbtiq.
Los siguientes casos permitan ilustrar esta denuncia, aunque no agotan el sinnúmero de imágenes, audios y notas de prensa que nos hacen llegar nuestros compañeros de todas latitudes en desgarrado pedido de solidaridad, exigiendo la intervención y pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos para el cese de la represalias. En este documento haremos foco en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes.
Argentina
En ocasión de presentar el informe sobre la situación de la infancia en la Argentina ante el Comité de los Derechos del niño de la ONU 2018 denunciamos un fenómeno creciente y abiertamente fomentado desde el Estado argentino de aumento de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en manos de las fuerzas estatales de seguridad. Por tal motivo el Comité expresó su preocupación ante estas denuncias de actos de violencia contra niños y adolescentes, especialmente contra quienes se encuentran en situación de marginación social así como por el “uso desproporcionado de la fuerza contra niños y adolescentes por parte de agentes del orden, incluso en las escuelas, junto con la justificación de esas medidas” .
Lejos de hacerse eco de estas observaciones el Estado argentino persistió en su política represiva, sin brindar respuesta a las denuncias ni una adecuada protección y reparación a las víctimas. Habíamos denunciado, entre otros hechos de violencia letal, el caso de Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado por la espalda por la policía el 8 de marzo de 2018 en la Provincia de Tucumán. Con posterioridad, la familia de Facundo fue amenazada por la policía, que habría manipulado pruebas (levantando las vainas servidas tras el hecho) al tiempo que otro policía denunció que dos agentes de las fuerzas de seguridad le habrían ofrecido “favores” a cambio de atentar contra la casa de la Familia Ferreira, asimismo, la familia ha denunciado amenazas y agresiones y el policía que le disparó a Facundo sigue en funciones.
También, el Comité alertó sobre “la alta tasa de impunidad y el escaso número de enjuiciamientos y condenas a los autores de actos de violencia contra los niños en las instituciones públicas de acogida y en los centros de detención”, exigiéndole al Estado argentino que adopte una “estrategia integral para dar fin a toda forma de violencia y malos tratos a los niños, niñas y adolescentes tendiente a erradicar el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad. En este contexto de avanzada de represión persisten casos de adolescentes privados de su libertad con penas altísimas, contrariando los principios de especialidad de la Justicia Penal Juvenil, que sigue funcionando en el marco del modelo represivo/tutelar para el que, únicamente se han impulsado políticas de reforma legislativa con el objeto de “bajar la edad de punibilidad”, lo cual ha sido resistido por un amplio arco de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que exigimos una reforma adecuada al modelo de protección integral de derechos.
Asimismo, se instó a que nuestro país adopte medidas urgentes para poner fin a las intervenciones policiales en el ámbito escolar. No obstante, nuestro país no ha adoptado ninguna de las medidas tendiente a cumplir una sola de las recomendaciones formuladas por el organismo, recrudeciendo por el contrario el cuadro de situación que había sido descripto en nuestra presentación, el cual se ve complementado con el sostenido retraimiento de las políticas sociales destinadas a la infancia y la adolescencia. Esto se produce además en un contexto más amplio de crisis económica, inflación, despidos y pérdida del poder adquisitivo del salario, la persecución policial a las economías populares y la criminalización de la venta ambulante, actividad en la que se desempeñan comunidades migrantes. Se subraya, en especial, el control policial sobre afrodescendientes, ya que esta criminalización está generalmente ligada a la discriminación racial y la xenofobia creciente en las fuerzas de seguridad, lo cual fue motivo de pronunciamiento por parte del Grupo de Trabajo de la ONU.
Otro hecho de extrema violencia contra niños, niñas y adolescentes se produjo el 20 de mayo de 2019, cuando la Policía asesinó a balazos a Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) , mientras que Rocío Quagliarello sufrió graves heridas y se recuperó tras varias semanas de lucha por su salud. Estos adolescentes se encontraban escuchando música en el interior de un automóvil, en las proximidades de la plaza del pueblo, cuando el personal policial arremetió mediante armas de fuego contra el vehículo. Este acontecimiento desencadenó una serie de marchas y protestas en reclamo de justicia.
Haití
El Caribe representa un eslabón muy importante en el proceso de acumulación capitalista mundial y no es casual la presencia masiva de ejércitos de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Holanda como forma de control. A partir del inicio del siglo XX, la Región Caribeña ha sido designada en particular por Estados Unidos, como una región para suministrar mano de obra barata y exportar masivamente migrantes, además de ser un espacio fundamental en términos de recursos biológicos y como albergue de paraísos fiscales.
Numerosos informes, incluso elaborados por organismos de los tratados, han descripto la situación actual de Haití. Desde el 16 de septiembre 2019 y casi a diario, han ocurrido manifestaciones en la capital de Haití, Puerto Príncipe, así como en otras ciudades del interior. “Bajo el lema «lage pye’w» (renuncia), miles de personas exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse. En 18 meses de gobierno la población, ya arrasada por el terremoto de 2010, experimentó “un deterioro muy significativo de las condiciones de vida una pérdida del 65% del valor del gourde -la moneda nacional- con respecto al dólar, de una inflación que hace 36 meses continúa por encima del 15% al año y del congelamiento del salario mínimo.”
Estos procesos de movilización se vienen dando en forma sostenida a partir de enero del 2015. Durante 2017 hubo una movilización muy fuerte sobre lo que se llamó el “presupuesto criminal” denunciando nuevos impuestos y la represión fiscal contra el pueblo que desembocó en un sublevamiento popular en los días 6, 7 y 8 de julio, cuando el gobierno decidió aumentar el precio de la gasolina en un 51%, siguiendo los dictados del FMI. Las manifestaciones hicieron retroceder y abandonar el aumento que había planteado el oficialismo. El 17 de octubre de 2018, se produce una movilización inédita que fue acompañada por el cerco mediático, característico de la función que cumplen los medios hegemónicos en los diferentes países. Se reclamaba por actos de corrupción atribuidos al presidente.
Haití carece de “una política de protección infantil claramente desarrollada. Es difícil encontrar leyes que los protejan (…) Un alto porcentaje de la población vive en la pobreza extrema, el niño suele complementar los ingresos de la familia. La mayoría de quienes realizan servicio doméstico suelen residir en zonas rurales, ser huérfanos o pertenecer a familias numerosas (…) Los niños entran en servicio a cualquier edad. Algunos ni siquiera llegan a los seis años cuando son entregados como restavèk. Así se llama a la práctica por la que una familia rural pobre envía al niño a una casa urbana“ para realizar todas las tareas del hogar: limpieza, lavandería, preparación de comidas, cuidado de niños, compras, etcétera a cambio de alimentos, ropa, atención médica y educación. El niño colocado en el servicio doméstico está al servicio de toda una casa. La mayoría de las veces no van realmente a la escuela y, en el caso de las niñas, además son explotadas sexualmente. Sufren desnutrición, son golpeados e insultados sin razón. Según el Comité Nacional contra la Trata de Personas (CNLTP), “en este país 300 000 trabajadores domésticos infantiles son víctimas de trata. Miles de niños cruzan las áreas fronterizas entre su país y la República Dominicana sin documentación y vulnerables al tráfico, y a otros tipos de explotación. También sufren el castigo corporal, que se practica ampliamente en Haití. Según Unicef, un 86% de los niños de entre 2 y 14 años creen que son víctimas de violencia física y/o psicológica como castigo.”
El 28 de noviembre 2019 el Parlamento europeo emitió una resolución (2019/2928(RSP)) en la que aborda la situación de Haití considerando que las fuerzas de seguridad reprimieron la protestas utilizando munición real y gases lacrimógenos. Según la OACDH, en febrero 2019, fallecieron 41 personas en las protestas y 100 resultaron heridas; entre el 15 de septiembre y el 1 de noviembre de 2019 al menos 42 personas murieron en protestas similares, 19 de ellas a manos de las fuerzas de policía, y 86 personas resultaron heridas. Se afirma que muchas comunidades aún carecen de acceso a la red eléctrica tras el terremoto de 2010; que el aumento del precio de los combustibles ha limitado más las oportunidades económicas; que los periodistas son objeto de acoso continuo y de ataques físicos; que se produjeron matanzas como de La Saline, en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, en donde, en octubre de 2018, se dio muerte indiscriminadamente a setenta personas y trece mujeres fueron violadas. Las investigaciones de órganos independientes obtuvieron informaciones recogidas por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), que atribuyen esa matanza a un intento de la esposa del presidente, Martine Moïse, y de varios representantes del Gobierno, de comprar a la población para frenar las manifestaciones, y que la matanza fue consecuencia de su rechazo de tal pago.
También se hizo referencia a la especial vulneración de los derechos de mujeres y niñas, que son objeto de abusos sexuales y que, en particular el 7 de noviembre de 2019, 10 detenidas, entre las que había una niña de 15 años, fueron violadas en la prisión civil de Gonaïves. El pronunciamiento denuncia el hacinamiento, la escasez de alimentos, la falta de visitas de familiares y otras condiciones inhumanas para los detenidos durante las protestas. La falta de acceso a las escuelas de la mayoría de los niños desde septiembre de este año y la carencia de una legislación de protección de la infancia y contra todas las formas de violencia de género, que despenalice el aborto, que actualmente está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violación fueron consideradas por el Parlamento Europeo, que también condena los proyectos de ley anti LGBT sancionados en 2017, que clasifican la homosexualidad, junto con la pornografía infantil, el incesto y la explotación sexual comercial de menores, como una razón para denegar a un ciudadano un certificado de buena conducta. Finalmente, manifiesta su preocupación por las circunstancias que rodean la muerte de Charlot Jeudy, presidente del grupo de defensa LGBTQI Kouraj.
Ecuador
En el alzamiento popular que se produjo en Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre de este año (2019) demanda la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI. Si bien este fue el hecho que desencadenó la protesta social, liderada en un principio por la organización indígena Conaie, el conflicto debe ser situado “dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI.” Se acusa al propio gobierno de Lenin Moreno, de crear las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal que “justificó” el acercamiento al FMI, las políticas de austeridad y el viraje político hacia la derecha, con un proceso de despidos en el sector público, supresión de inversiones creando todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis, ya que en 2 años descendió un 37 % el empleo, “en un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000”.
En este contexto, también la respuesta a la protesta fue la represión que indiferenciadamente reprimió y gaseó a hombres, mujeres y niños amparados por el cerco mediático que también debió ser vencido por el pueblo ecuatoriano. Para ilustrar sobre las consecuencias de este contexto socio político en la infancia, un documento de UNICEF de noviembre de este año refiere que en Ecuador 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. Cada semana, 40 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en 2016; 36 bebés, con menos de un mes de vida, fallecieron, en promedio por semana, en 2017; 1 de cada 2 niños no accede a agua, saneamiento e higiene a la vez; 3 de cada 10 niños en edad escolar sufren de sobrepeso u obesidad; 1 de cada 3 niños son criados con violencia; 270 niños entre los 5 y 19 años se suicidaron en el 2018 (constituyéndose en la principal causa de muerte adolescente en forma violenta) 250 mil niños en edad escolar no asisten a la escuela y de éstos 1 de cada 3 no lo hace por falta de recursos económicos y trabajo; 1.900.000 niños, aproximadamente, viven en hogares en situación de pobreza.
Chile
En Chile, con el proceso que se desencadena el 18 de octubre de 2019 a partir de la protesta de estudiantes por la suba del boleto a 30 pesos y que desata un reclamo popular inédito en el país hermano que, ya lleva más de un mes, con paros generales y movilizaciones masivas. Este proceso goza de la legitimidad social como lo demuestran las masivas marchas pacíficas del pueblo chileno pese a las cuales el gobierno del Presidente Piñera lejos de acoger los reclamos reprimió en forma brutal las manifestaciones. Algunas frases surgidas dan cuenta -como en los otros países-, que la suba del transporte que desencadena el proceso, no es más que la punta de iceberg. “No son 30 pesos, son 30 años” y “Chile despertó” son algunas de las explicaciones que pueden leerse en las pancartas de las movilizaciones y ponen en evidencia la puesta en cuestión, por parte del pueblo chileno, de la subsistencia de estructuras continuadoras de las lógicas dictatoriales, que han caracterizado el proceso de transición democrática del país. De hecho, la organización popular exige una Asamblea Constituyente que derogue de una vez y por todas la Constitución impuesta por el propio dictador Pinochet, responsable por las masivas violaciones a los derechos humanos por las que fue objeto de enjuiciamiento internacional.
En el marco de estas protestas hemos conocido la utilización de gases, armas letales, uso de la violencia letal, mutilaciones, violaciones y desapariciones de personas, por parte de los carabineros chilenos, quienes han instaurado una forma específica de tortura al disparar a los ojos de los manifestantes dejando un saldo de más de 300 personas tuertas. Muchas de las víctimas de la represión han sido niños, niñas o adolescentes, al punto que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, desmintió la versión oficial de que los balines de goma se utilizaban en hechos violentos, sino que se los utiliza «indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra del personal policial». Asimismo, la Jefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Región de Aysén, Carla Romo dijo que «hemos visto un actuar policial desmedido de la policía respecto de niños y niñas de entre 13 y 17 años que sufrieron violencia policial excesiva durante las manifestaciones sociales». En Coyhaique hay tres casos donde se ven involucrados menores de edad entre las víctimas. El primero de tres hermanos (uno de ellos un adolescente de 17 años) que fueron detenidos con violencia policial excesiva al volver a su casa tras un partido de fútbol; otro caso es el de un joven que fue atropellado por una moto policial; y un último, fueron estudiantes con discapacidad que sufrieron los efectos de bombas lacrimógenas en su escuela diferencial. Entre los casos de menores de edad agredidos, también se encuentra una joven de Puerto Aysén que recibió el rebote de un perdigón en su cuello.
Otro caso que da cuenta del ánimo de persecución y mutilación a los más jóvenes es el del estudiante Gustavo Gatica que ha perdido sus dos ojos a causa de la represión policial mientras tomaba fotografías en las protestas, o del joven que ha sido herido gravemente por quemaduras producidas por armas químicas utilizadas por carabineros para reprimir a los estudiantes. La Fiscalía Nacional, a mediados de noviembre, llevaba 2.670 las investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos por igual número de víctimas, que incluyen a 422 niños y adolescentes, que habrían sido cometidas por agentes del Estado por los cargos de 335 homicidios, tentativa de homicidio, 57 por violencia sexual, torturas, lesiones y tratos crueles. Asimismo, ha sido viral la video que mostraba a un niño desesperado rogando por otros niños que habían sido detenidos arbitrariamente, entre los cuales había un niño de 10 años, en Villa Alemana. «Quiero ir a mi casita, por favor ayúdenme. Tengo mucho miedo porque se llevaron a todos mis hermanos» era el grito desesperado del pequeño cuando fue hallado por los organismos de derechos humanos.
Se destaca el terrible ataque sexual que sufrió el estudiante Josué Maureira, detenido cuando prestaba primeros auxilios a personas heridas en la calle y a quien carabineros golpeó hasta dejarlo inconsciente, de su propio testimonio surge que al verle las uñas pintadas, lo obligan a desnudarse en la comisaría le fracturaron la nariz y fue sometido a tortura sexual, utilizando el bastón de servicio para abusarlo sexualmente. Otro de los testimonios es el de un chico trans de 16 años que fue detenido y tratado todo el tiempo como mujer. “Lo obligaron a desnudarse, a quitarse su binder, un trato muy cruel para una persona trans que está en una edad tan sensible como es los 16 años, la adolescencia, es algo que evidentemente ya trasciende la barreras de la violencia física, es una violencia psicológica”
El Servicio Paz y Justicia de Chile y Argentina, que conforman el Servicio Paz y Justicia de América Latina, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos del Niño, en noviembre de este año reportando los hallazgos detectados por los programas que desarrolla el Servicio en ese país. Allí se consigna que 5 regiones de las 12 del país dan cuenta de vulneraciones graves de derechos hacia 30 NNA: 10 niños heridos por perdigones de armas de las fuerzas policiales y armadas, 1 herido por impacto de bomba lacrimógena percutada por carabineros, 1 herido de bala percutada por las fuerzas de armada, y 1 herido por balines percutados por carabineros, el que también forma parte de la lista de detenidos de forma injustificada. Se reportan 13 NNA detenidos arbitrariamente, sin control de detención, firmas forzosas de declaración, negación de contacto con adultos responsables, además de recibir insultos (denigrantes, de tipo xenofóbico, misóginos, entre otros) y agresión física brutal por parte de carabineros y fuerzas militares, constatándose golpes de luma en partes íntimas, golpes de puño, hematomas en tórax, boca, costillas y cuello. Se suman 3 NNA que fueron brutalmente agredidos por carabineros y fuerzas militares en contexto de toque de queda. También, 2 NNA habrían sufrido acciones de tortura y tratos degradantes por parte de carabineros y fuerza militar, a uno de ellos, en circunstancia que se encontraba detenido, carabineros lo obligó a comer comida perro, y al otro, en contexto de toque de queda, fuerzas militares lo obligan a gatear por el piso y lo despojan de su vestimenta, dejándolo desnudo en la vía pública. Respecto de vejámenes de tipo sexual, se constatan 2 casos de NNA forzados a desnudarse por carabineros y fuerzas militares. Dentro de algunos de los relatos entregados por NNA y sus familias, afirman sentir temor de denunciar y constatar lesiones, debido a las amenazas sufridas por parte de las fuerzas policiales, generando en ellos miedo a las posibles represalia, sintiéndose vulnerables y desprotegidos por el Estado.
Los reportes nos hablan de que estas jornadas de protestas hicieron visibles reclamos vinculados a derechos económicos y sociales y pusieron de manifiesto la persistencia en el nulo espacio que dio en sus políticas a cuestiones elementales del derecho internacional de los derechos humanos, como la discriminación racial, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, los derechos sexuales y de género, y muy particularmente en el acceso a la educación. Es decir, se trata de un reclamo profundo que da cuenta de una precarización general de la vida del pueblo que incide directamente en las condiciones de vida de la infancia y adolescencia del país. Desigualdad y pobreza, también son el trasfondo de la escena chilena. Según se ha dicho “el “oasis chileno”, que crece en los índices del privilegio y muere en una sala de espera“ ha llegado al límite de la desigualdad tolerable.
Según el Informe Panorama Social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. El sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes. “Con “una vida endeudada” y ya sin miedo, la juventud precarizada ha sido el motor que desestabiliza una democracia expulsiva, sin educación, sin salud ni vivienda.” La primera «evasión masiva» el 7 de octubre fue liderada por estudiantes de liceos, sus quejas tienen que ver con la «falta de recursos» en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases.
Bolivia
Es imposible omitir leer en el proceso que se lleva en Bolivia, el rol que cumple la puja por el manejo del litio entre los objetivos del golpe militar que destituyó al gobierno de Evo Morales, imponiendo el estado de sitio y reproduciendo el esquema de responder con represión la legítima expresión popular, coadyuvado por un “cerco mediático” denunciado por los periodistas, que fue vencido por las redes que consolidamos y construimos desde hace años desde nuestros territorios.
Alrededor del 85% de las reservas de Litio en el mundo se encuentran en el denominado “Triángulo del litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, constituye un recurso natural estratégico, “clave en el cambio de matriz energética y de patrón tecnológico, es decir, se constituye como factor de poder para liderar la disputa geopolítica por los recursos naturales y garantizar la consolidación de la actual transición hegemónica (…) A diferencia de lo que ocurre en Argentina y Chile, donde el recurso se encuentra en manos de multinacionales que responden a intereses foráneos, en Bolivia es el Estado Plurinacional el que controla de forma soberana el recurso y lo explota de acuerdo a los intereses nacionales. Bolivia (…) estaba preparada para dar el gran salto y establecerse como líder del cambio de matriz energética y patrón tecnológico en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo el golpe de Estado ha detenido el proceso.”
En Bolivia hay un Golpe de Estado y se han producido restricciones a la tarea de prensa, el bloqueo mediático y la represión desde los primeros días del golpe “dibujaron un escenario que despeja toda duda respecto al accionar coordinado que terminó con la expulsión de los mandatarios Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera […] un circo mediático […] incluyó la quema de la Whipala, la instalación de biblia en el Palacio de Gobierno, policías recortando sus insignias […] le siguió la persecución, la represión, los asesinatos, el estado de sitio, las listas negras, la censura total a la prensa y el miedo como factor preponderante y aleccionador”.
Una Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, integrada por un amplio arco de representantes de organismos y organizaciones políticas y de derechos humanos, nos informa en forma directa mediante comunicaciones de audios, sobre la hostilidad con la que el gobierno de facto se ha conducido, sufriendo retención en el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz. En Senkata, epicentro de la masacre recibieron “testimonios desgarradores” de las violaciones a los derechos humanos. Las familias denunciaron asesinatos, desaparición forzada, torturas en los lugares de detención y numerosos casos de violación sobre mujeres, niñas y niños, y advirtieron que es urgente que los organismos internacionales acompañen para no dejar desamparados a los más humildes. Han descripto los acontecimientos como una tragedia social y política, numerosos heridos en las casas sin atención médica, porque salen de los hospitales con causas armadas bajo la carátula de terrorismo y sedición.
El primer reporte de la delegación informó que luego de haber escuchado a víctimas directas y a las familias de las víctimas pudieron constatar que familias campesinas, indígenas, mujeres de pollera, “han sufrido la represión de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, bajo las órdenes del gobierno de facto.” Atribuyéndole responsabilidad directa al Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas, que no brindan respuesta o información alguna a los familiares. “Numerosas detenciones arbitrarias, imputaciones judiciales fraguadas con pruebas falsas montadas por agentes del Estado y paraestatales”. También refiere el informe situaciones de persecución política sobre la dirigencia social, sindical y política, incompatibles con el objetivo de realizar acuerdo de paz para restablecer la democracia.
Respecto de niños, niñas y adolescentes, el informe indica que “numerosos testimonios han denunciado torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores […] refieren haber encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida y luego de su muerte· […] haber visto cuerpos mutilados y desmembrados”, ello en el marco de la supresión de garantías, en especial en cuanto al debido proceso “los abogados particulares y que las defensorías públicas no están cumpliendo su función de defensa de víctimas y perseguidos penalmente por falsos delitos. Este mismo documento refiere que hay numerosos “casos de delitos de violación y agresiones sexuales sobre niñas, niños y adolescentes. En particular hay 3 niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente”, y que la actuación represiva y la violencia “tiene su fundamento principal en el odio racista hacia el pueblo y naciones indígenas que integran el Estado de Bolivia.”
Colombia
En Colombia movimientos obreros, campesinos, estudiantiles y afros realizaron hacia el 21 de noviembre de 2019, un paro nacional y movilizaron a todo el país en rechazo al “Paquetazo” del gobierno de Iván Duque y a los cientos de asesinatos y persecuciones contra líderes y militantes sociales. “Con muchas similitudes a los proyectos políticos económicos de Piñera, Macri y Lenin Moreno, el presidente colombiano pretende avanzar con una serie de reformas para sostener el ajuste en detrimento de los derechos de los pueblos. El paro apareció como una respuesta unificada de hartazgo a sus políticas de muerte.” Jimmy Minguero, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular también “refirió la preocupación por más de 300 asesinatos durante este gobierno y la ola de criminalización de la protesta social (…) Millones de colombianos y colombianas han salido a decirle a Duque que “ya no más”, que no estamos de acuerdo con las políticas neoliberales y el extractivismo y estamos cansados de esta ola de corrupción y terrorismo de Estado que se ha impuesto en nuestros territorios. La respuesta ante nuestros reclamos fue represiva, con ataques de las fuerzas de seguridad en Cali, en Medellín, en Yopal, en Bogotá. El gobierno no garantiza la protesta social ni los derechos de las comunidades movilizadas libremente.”
Se acusa al gobierno por su política de seguridad y defensa, “que agranda el aparato militar, dándoles facultades en los territorios y fortaleciendo la doctrina militar implementada en nuestro país hace muchos años, aprendida en la Escuela de las Américas. Esta doctrina marca que los movimientos sociales son enemigos del Estado colombiano, y a partir de eso se desarrolla una política contrainsurgente. El gobierno reprime y judicializa, les da facultades al Ejército y a los alcaldes para que decreten el Estado de sitio, Estado de excepción o toque de queda, algo que viola las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Esta persecución a los y las líderes sociales y la represión del gobierno, que llamamos terrorismo de Estado, está respaldado por los poderes mediáticos. Todo eso se traduce en la crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo en Colombia.”
También en el caso de Colombia, los estudiantes de liceos y universitarios han sido activos en las protestas. El asesinato, en manos de un agente antidisturbios, del estudiante Dilan Cruz durante la huelga disparó nuevas protestas. “Velatones, plantones y cacerolazos se han extendido por todo el país en rechazo a su muerte” producida el día que debía recibir su título de bachiller. Este hecho se convirtió en la cara visible del accionar represivo letal de la policía como reacción a los cacerolazos y protestas pacíficas.
El contexto socio económico de Colombia es de un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores y los más altos de desigualdad de Sudamérica consolidan en forma sostenida la escena colombiana que arrastra. “El deterioro de las jubilaciones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes y la situación de violencia que vive el país -más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año-, además del intento del gobierno de modificar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, son los principales motivos de protesta.
El gobierno preparó un paquete de reformas laborales que afectan la estabilidad laboral y principalmente a los adolescentes ya que “pretende que a los jóvenes que entran al mercado de trabajo se les pague el 75% del salario mínimo legal, entre otras medidas flexibilizadoras.” Además, las centrales sindicales sostienen que el gobierno busca eliminar un fondo estatal de pensiones y dejar los aportes de empresas y trabajadores para la jubilación en manos de fondos privados, la rebaja de impuestos a multinacionales para ser subido a la clase media mediante a la ley de financiamiento incluyó el aumento del 35% de tarifas de electricidad para salvar a las empresas en manos extranjeras que prestan este servicio.
El Estado colombiano ha instaurado el toque de queda en el marco de estas protestas e implementado un despliegue de las fuerzas de seguridad, que involucra 7000 policías y 4000 soldados. La extrema vulnerabilidad en la que niños, niñas y adolescentes han quedado también los ha hecho víctimas del retraimiento de políticas estatales destinadas a la garantía de derechos.
Se destaca la matanza de 18 niños en un bombardeo del ejército contra un campamento en el que había niños, supuestamente de fuerzas disidentes de las FARC, en agosto de 2019. Tres de estos niños habrían sido acribillados en el Caguán, y existen testimonios que aseguran haber escuchado el pedido de auxilio de los niños que huían heridos. Este hecho además provocó el retraimiento y la deserción escolar en una escuela de la zona por el temor que provocó en los pequeños este grave suceso en manos de las fuerzas estatales de seguridad.
Honduras
En Honduras, también en un contexto de descontento generalizado, se sucedieron desde el mes de abril de 2019, protestas contra las políticas del presidente Hernández, más precisamente cuando fueron aprobadas dos controvertidas reformas para reestructurar el sector educativo y de salud. “Médicos y profesores iniciaron un plan de lucha contra las reformas, que denuncian vienen a terminar con las conquistas laborales y abren la posibilidad de privatizaciones en el sector público. Con paros nacionales consecutivos y multitudinarias movilizaciones en Tegucigalpa (capital), el movimiento fue tomando volumen en sus bases hasta confluir en la conformación de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública.” Si bien el presidente Hernández derogó las leyes que desataron el conflicto, las movilizaciones persistieron sumando reclamos de diferentes sectores y expandiéndose por todas las regiones del país: “sectores campesinos, estudiantiles, del transporte, y ciudadanía en general, llevando la situación hasta lo que parece tomar el cariz de un levantamiento popular inminente”.
Con la implementación del paro de la policía, las fuerzas militares intensificaron la represión en diversas localidades hondureñas. El 20 de junio de 2019, Eblin Noel Corea Madariaga, un adolescente de 17 años que participó de las protestas, fue asesinado con un balazo en el pecho por las fuerzas de seguridad. Este hecho provocó el pronunciamiento de Amnistía Internacional que refirió que “prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de Estados Unidos que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes.”
A este hecho se sumó luego que la Fiscalía donde se instauró la denuncia por este asesinato en manos del Estado, se negó a permitir que personal forense de confianza de la familia del niño, practicara la autopsia, lo que llevó a que la misma custodiara su cadáver durante 6 semanas, para que no se manipulen las pruebas, en el marco de las irregularidades con que se llevan los procedimientos judiciales vinculados a los actos de represión del gobierno.
Las manifestaciones se extendieron durante el mes de octubre en Tegucigalpa donde la respuesta de violencia policial fue similar a la que se viene desplegando desde su inicio. La protesta, convocada por la «Convergencia contra el Continuismo y Organizaciones Populares» y la «Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras» (ARCAH), salió de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con los manifestantes coreando consignas contra Hernández”, quien durante el juicio, abierto el pasado 2 de octubre, contra su hermano Juan Antonio «Tony» fue señalado de haber recibido dinero de narcotraficantes, entre los que está el encarcelado capo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, para sus campañas a diputado en 2005 y para la presidencia en 2013 y 2017, a cambio de protección para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
El Gobierno de Hernández cuenta con denuncias por sus políticas represivas de criminalización del derecho de protesta social, las Organizaciones Sociales y la Plataforma de Defensa en Salud y Educación del país solicitaron la destitución del Ministro de Seguridad Julián Pacheco tras la agresión cometida contra niños y jóvenes con gases lacrimógenos y dio lugar a un pronunciamiento de repudio de diversos organismos nacionales e internacionales.
Concretamente denuncian que el día 12 de julio 2019 por segunda vez un grupo policial entró en forma violenta a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán lanzando gases lacrimógenos, afectando particularmente a niños, niñas y jóvenes de Educación Prebásica, Básica y Media del Centro de Investigación e Innovación Educativas (CIIE). Distintos centros educativos, como el Instituto Técnico Honduras, quienes previamente también fueron víctimas de represión, iniciaron sus jornadas con fuerte presencia policial. El 18 de julio, las fuerzas de seguridad dispararon en horas lectivas grandes cantidades gases lacrimógenos en el Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula, donde además cinco estudiantes y un guardia de seguridad habían sido detenidos de manera violenta por miembros de la Policía y de la Tropa Integral Gubernamental de Respuesta Especial en Seguridad (TIGRES). Entre ellos, se encontraban dos personas menores de edad, Angie Grissel Bonilla Hernández de 16 años y Josué David Morales Gosselin de 17, quienes además enfrentan cargos penales por daños agravados. Las organizaciones firmantes observan que la situación que se está viviendo en 2019, pone de manifiesto una intensificación de la violencia encadenada a la crisis política, social, de seguridad y derechos humanos que enfrenta el país desde la ruptura del orden constitucional en 2009.
Conclusiones
Esto no es más que una mínima exposición de la gravedad e intensidad de las violaciones a los derechos humanos que viven los niños, niñas y adolescentes de la región, la forma en que estas violaciones comprometen no ya la responsabilidad de los Estados sino que socava la existencia misma del Estado de Derecho y la democracia en nuestros países, motivo por el cual es menester un monitoreo, visita in loco, pronunciamiento y condena, ayuda humanitaria y sanitaria, así como toda otra acción tendiente a garantizar el cese de las violaciones y su no repetición.
Los procesos de protesta social que se vienen desarrollando en diferentes escenarios de Sudamérica y el Caribe no pueden ser leídos en forma aislada, o como fenómenos particulares, ya que precisamente de nuestra experiencia como pueblos oprimidos por feroces dictaduras, sabemos que esa visión individualista de nuestra región es la que nos viene impuesta por quienes gozan de los beneficios económicos del terrorismo de estado. Como ya fue dicho y hemos comprendido, es en “en la política económica […] que debe buscarse no sólo la explicación de [estos] crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Conscientes de nuestra historia y de la importancia de la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA, como parte de nuestra cultura e identidad como pueblo; conscientes de la atroz experiencia colonial y de los efectos devastadores en todos los órdenes de nuestras vidas de las dictaduras implementadas en nuestro continente, en el marco de planes de coordinación entre sus cúpulas, que impusieron el terrorismo a escala entre los años 70 y 80, exigimos la plena vigencia del Estado de Derecho en todos los países de nuestra región y denunciamos las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo, y la extrema vulnerabilidad en la que niños, niñas y adolescentes se encuentran.
Por lo expuesto solicitamos:
I. Que pronuncie en repudio a las graves violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que afectan la región.
II. Que se envíen ayudas médicas, humanitarias y de otra índole para auxiliar a las víctimas; así como también se realicen visitas in loco, se elaboren informes y recomendaciones y toda otra acción dentro del ámbito de su competencia.
III. Se le exija a los respectivos gobiernos el cese del hostigamiento a la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes y se le brinde protección y asistencia a las víctimas, así como reparación y garantías de no repetición.
Saludamos a Uds. atentamente.
Adhieren:
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980; Norberto Liwski; Juez Marcelo Giacoia; Fundación Ayuda a la Niñez y a la Juventud CHE PIBE; Servicio Paz y Justicia SERPAJ; Alfredo Grande. Presidente Ático Cooperativa de Trabajo en salud mental; Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y sus organizaciones y redes provinciales; Fundación Farinello; Asociación civil El Arca; Equipo Suma Qamaña; Foro por la niñez; Unión Cultural Armenia; Colectivo Juguete Rabioso; Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer; DNI Argentina; Fundación Emmanuel; colectivo Memoria militante; CERP( Centro de Escucha y Resiliencia Popular); Coordinadora Argentina por los DDHH; Observatorio de DDHH comuna 7; Animadores de Campamento, Recreación y Tiempo Libre. Coy Aike; La Veleta y la Antena. Por el protagonismo infantil. Mendoza; Niñez y Territorio; Centro de día La Casona; Espacio No a la Baja Mendoza; La Miguelito Pepe; Oreste Gallo; Centro Angelelli; Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género; Asociación Civil Los Naranjos. Valdo Ferrari; Red Argentina No Baja; Asamblea Permanente por los derechos humanos; Agrupación Lucia Cullen; Secretaria de Niñez, APDH-CABA; Casona de los Barriletes; Asociación Civil Artepolis; Creactivar Redes Comunitarias; Defensoría del Pueblo del Pilar; Colectivo por la Memoria de Pilar; Comisión de Niñez de Primero La Patria; Comisión de Salud del Instituto Patria; La Roja Proyecto Colectivo Trabajadorxs Sociales de la CABA; CAFoPoNK; Primero la Patria; Artistas organizados; Infancia Robada Campana Profesora Rita. M. Garcia (Activista DDHH en Niñez y Adolescencia); Rosa Nelly Ovejero (Especialista en Educación Políticas Publicas Derechos de Niños, Niñas y Adolescente); Red por la Vida, Vivamos libres de adicciones; Marcelo Villavicencio; Consejo Prof. De Trabajadores Sociales CABA; Asamblea por las Infancias y Adolescencias de CABA – APIABA;
Raúl G Fernández Cátedra Abierta Osvaldo Bayer UNDAV; Cátedra abierta Eva Perón Fsoc –UBA, coord. Prof. M F ELIAS; Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata; Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales;
Red global de religiones a favor de la niñez de Argentina; Asociación La Iglesia de Dios (ALIDD); Pastor Gerardo Oberman, Presidente Iglesias Reformadas en Argentina; Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires; Federacion Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE); Pastoral de Adicciones de la Diócesis de Zarate Campana;
CTA A Nacional; Secretario Gral. Ricardo Peidro (AAPM) ; Secretari@s Adjuntos Claudia Baigorria (CONADU Histórica) y Hugo Cachorro Godoy (ATE); ATE Nacional; Junta Interna de ATE Promoción Social; Junta Interna Ate Sennaf; Area de Niñez Ate Capital; UTC (Unidad de Trabajadorxs en el CDNNyA); Cicops; Ibryp; ATE desde Abajo; SUTEBA seccional Pilar; Secretaria de DDHH SUTEBA provincia;
Partido Comunista Comuna 7; Víctor De Gennaro de Unidad Popular; Como Vamos – Frente Patria Grande;
Siguen las firmas……….