Protestar no es delito
Si hay algo que ha identificado al Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) en sus más de 40 años construyendo el camino de la Paz, la Noviolencia y los DDHH, junto a los pueblos de América Latina, es su accionar de lucha noviolenta para transformar las injusticias. Por tal motivo rechazamos categóricamente el nuevo “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas», (al cual adhieren la mayoría de las provincias) por considerarlo inconstitucional y contrario a los Tratados Internacionales.
Por medio de las protestas sociales y su accionar transformador, diversas organizaciones, sindicales, políticas, culturales, religiosas, estudiantiles, etc. han logrado importantes cambios cuando se vieron privados de sus Derechos, y es así que a lo largo de la historia han alcanzado logros como la caída de dictaduras y muros, la ampliación de mas derechos y reconocimientos para el desarrollo de una vida digna para las personas y los pueblos.
Este nuevo protocolo de actuación viene a restringir y a criminalizar el legítimo ejercicio del derecho constitucional a la protesta, el de manifestarse y el de peticionar ante las autoridades, amplia el margen de actuación de las fuerzas policiales, permitiendo en ciertos casos hasta el uso de armas de fuego, detener a manifestantes por portar pirotecnia, u otros elementos o por el solo hecho de cubrir sus rostros. Por otra parte limita el trabajo de la prensa circunscribiéndola a “un espacio determinado que indica el protocolo” vulnerando la libertad de informar libremente.
La experiencia en este caminar de más de 40 años del SERPAJ demuestra que ante la conflictividad social creciente cuando los gobiernos intentan reprimir la protesta social la espiral de la violencia se acrecienta dañando los derechos democráticos, es por esto necesario que las autoridades privilegien el dialogo y la plena vigencia de los DDHH. De no ser así esto marca un retroceso a épocas de abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos.
Instamos a las autoridades a no ignorar los reclamos, escucharlos tenerlos en cuenta y avanzar hacia la sociedad de derechos que se prometió construir.
Fundación Servicio Paz Y Justicia