Pueblos indígenas y violencia estatal en Argentina.

Pueblos indígenas y violencia estatal en Argentina.

El camino hacia un diálogo intercultural

La desaparición inicial y la posterior muerte de Santiago Maldonado en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, por parte de la Prefectura como corolario del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro, instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar algunos de los aspectos centrales que son la génesis de los conflictos territoriales.

1-Existen pueblos indígenas en Argentina y existen derechos indígenas que se encuentran vigentes, tanto en la Constitución Nacional, como en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Argenti na (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas y Declaración americana de los Derechos de los pueblos indígenas). Los derechos territoriales, entonces, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena.

2- En la última década se ha hecho evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas, tal como lo dispone la tan mencionada ley de emergencia 26160, y su última prórroga (la ley 27.400 publicada en el boletín oficial el mismo día que el Juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad en la región del lago Mascardi, el 23 de noviembre pasado). Los retrasos injustificados del relevamiento técnico jurídico-catastral de los territorios indígenas reivindicados, sumado a los desalojos que siguen produciéndose a pesar de que la misma ley los suspende, generan una situación de incertidumbre que conspira contra una solución definitiva de estos conflictos. Las «recuperaciones territoriales” se deben encuadrar en ese contexto.

3- Se ha omitido deliberadamente decir que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como nacionales, dado que buena parte de éstos son ricos en minerales, hidrocarburos, madera, agua, etc. En ese marco, resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. En el caso de los parques nacionales, se instaló junto con la Administración de Parques Nacionales (APN) la figura del “comanejo”. No es la primera vez que se suscitan diferencias en estos territorios, y ya se había previsto una reunión para el 27 de noviembre pasado (sólo unos días después del desalojo y el posterior asesinato) para iniciar un camino de diálogo para resolver el conflicto. Con el asesinato de Rafael Nahuel, el Estado optó, en los hechos, por la violencia.

4. Son variadas las experiencias y visiones de las numerosas comunidades y organizaciones mapuches. En el discurso del gobierno, la llamada «RAM» aparece como un grupo presente en distintas partes del país pero casi ninguno de los líderes indígenas reivindica ser parte de él y ni siquiera se conoce con nombre y apellido quiénes son sus miembros, cómo son financiados, por cuántos miembros está conformado, entre otras cuestiones. Así, la RAM se ha convertido en la excusa perfecta para que desde distintos ámbitos oficiales construyan “un enemigo interno”; lo cual demoniza al pueblo mapuche y lo estigmatiza como violento y terrorista; hecho que erosiona gravemente el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y debilita la democracia.

5- No sólo se ignoran los derechos indígenas vigentes en Argentina, sino que se menosprecia la identidad indígena -puntualmente la identidad mapuche- endilgándoles invocaciones “cuasi mágicas”, cuando se trata de elementos espirituales de su cultura que merecen comprensión y respeto; se los acusa de desconocer el Estado –un Estado que en pleno siglo XXI los sigue persiguiendo–cuando lejos están de querer construir un Estado independiente, sino que pretenden vivir como mapuches, y ser respetados por ello. En Argentina, tal como ha venido sucediendo por años en otras latitudes es clave avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país.

6- El despliegue de la violencia estatal es preocupante por conceptos expresados por altos funcionarios gubernamentales. En sendas declaraciones tanto la Vicepresidenta como la Ministra de Seguridad formulan la teoría de que las fuerzas de seguridad “siempre deben contar con el beneficio de la duda” y que las acciones de las fuerzas de seguridad no deben ser justificadas porque se encuentran enmarcadas en acciones “legales y legítimas”. Afirmaciones que, en realidad, tergiversan un conocimiento básico elemental: la violencia de los aparatos del Estado debe ser limitada y especialmente restringida precisamente por la enorme concentración de poder y la correlación de fuerzas dispar. Quedar sometidos al accionar discrecional y arbitrario de las fuerzas de seguridad empieza por socavar aspectos centrales de un Estado de derecho.

7-. Estos hechos, lejos de ser aislados, ocurren en diferentes puntos del país. Así, desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas y campesinas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. En Neuquén, en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana. En los últimos días, desmontes ilegales, como los ocurridos en Salta, en Corralito, departamento de San Martin en una zona protegida por la Ley de bosques y Tierras indígenas, donde viven 10 familias wichis y 7 criollas, dan cuenta de la escasa voluntad gubernamental nacional y provincial, por proteger los derechos de los sectores más vulnerables, favoreciendo así la expansión de la frontera sojera, en manos de grandes propietarios rurales.

8- Es necesario reencauzar el conflicto en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos. Debe gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores, representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas.

En esta línea, apoyamos la creación de la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, en la cual participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro, así como diferentes diputados y representantes políticos provinciales y nacionales.

Y en ese sentido proponemos:

I) El lanzamiento de una Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, que propicie el diálogo franco y respetuoso con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.

II) La intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance del acaparamiento de tierras, de la mano de modelos de desarrollo altamente expulsivos y destructivos en los territorios, que hoy encuentran importantes resistencias sociales en nuestras provincias.

III) El fin de la campaña de hostigamiento hacia los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido de toda la sociedad y del Estado en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población.

Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.

Por la creación de una Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural

Adolfo Pérez Esquivel, Claudia Briones, Alicia Ciciliani, Victor de Gennaro, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Claudio Lozano, Silvina Ramírez, Ruben Lo Vuolo, Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Fernando Pino Solanas, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.

Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional