Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) queremos acompañar la voz de todos aquellos que luchan por la defensa del derecho a un ambiente sano y el cuidado del planeta, a raíz de situación de los distintos problemas socio ambientales de nuestro país.
En primer lugar, queremos decir que los gobiernos deben respetar los derechos y deseos de quienes habitan los territorios, y quienes conocen mejor que nadie las dificultades que generan los mega emprendimientos de empresas ya sea privadas o públicas.
Los pueblos tienen el derecho de elegir la forma que quieren de vivir en sus territorios. Es decir que los Gobiernos deben respetar el Derecho de los Pueblos a su Autodeterminación, tal como está estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y en el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que forman parte de la Constitución Nacional. El respeto de este derecho es una obligación del Estado.
Luego, enfatizamos que no estamos de acuerdo con que sean las empresas privadas quienes tengan privilegios y decidan adonde realizar sus explotaciones. En ese sentido hay que destacar que la soberanía territorial, le corresponde a los Pueblos y no a los funcionarios que deciden juntos con las empresas que lugares van a explorar y explotar.
Así como los gobiernos se reúnen con los empresarios, es necesario que se convoque a los Pueblos y se los escuche en sus reclamos, tal como se establece en el Acuerdo de Escazú en el derecho al acceso a la información ambiental y a la participación en la toma de la decisión de los asuntos ambientales.
En este Siglo XXI los Estados están obligados a incorporar la democracia participativa como política de Estado, pero este ejercicio democrático deber ser efectivo y no meramente formal, como en muchos casos se la pretende hacer pasar.
En la actualidad se están desarrollando distintas mega explotaciones mineras en distintas provincias de nuestro país, y en este sentido instamos al Estado a que intervenga tanto para controlar como para regular dichas explotaciones escuchando a los ciudadanos afectados por estos mega negocios. La vida de los Pueblos es más importante que el oro
Los mega emprendimientos mineros vulneran esos derechos, hacen desaparecer cerros enteros, contaminan las aguas y vertientes. De esa manera, la gente que vive en esos territorios, que realiza producciones que han venido desarrollándose a través de distintas generaciones de la familia, se encuentra con que no tiene agua, y si tiene, viene contaminada. Esta escases genera que tengan que comprar un bien que es social y que no tiene precio.
También el agronegocio genera envenenamiento, en este caso por glifosato, que seca la tierra y envenena a los pueblos que habitan en la cercanía de donde se lo arroja. La generación de semillas transgénicas está ligada a la industria que busca una vez más, sólo maximizar ganancias.
No se trata de generar alimentos… se trata de ganar dinero, no importa a que costo.
Recordamos a todos, que la naturaleza en sí es sujeto de derechos. Nuestra Madre Tierra (toda la biodiversidad) tiene derecho a que no se la maltrate, ni extermine, en función de obtener ganancias. Pero, además el Derecho al ambiente sano y particularmente el derecho al agua potable libre de contaminación es uno de los derechos fundamentales, y su violación incide en otros derechos humanos como a la vida, a la salud, a la integridad física y a la identidad cultural en caso de afectar territorios indígenas.
Desde el Serpaj, defendemos y acompañamos aquellas personas y grupos que producen alimentos sanos y agroecológicos y a todo aquel que se identifique como defensor o defensora ambiental, tal como lo plantea el art. 9 del Acuerdo de Escazú.
Al mismo tiempo, se debe garantizar el acceso a la comida sana para TODOS. Estamos en un país que podría generar comida para todos sus habitantes, y nos encontramos con que gran porcentaje del pueblo no cubre las necesidades alimentarias más elementales. Generemos comida, no soja de exportación para dar de comer a cerdos de feedloock.
Por otro lado, vemos con preocupación que se ha dejado sin estado parlamentario la Ley de Humedales, consensuada por de más de 300 organizaciones y que garantiza los derechos ambientales de amplios territorios. Se la busca reemplazar con otra ley, pero que no proviene del debate horizontal de muchas organizaciones.
También nos preocupa la explotación petrolera en nuestra plataforma marina, cuando recientemente ha habido desastres ambientales de petróleo en Perú, por ejemplo, por este tipo de explotación.
Otro tema es el convenio para más centrales atómicas, que pueden llegar a generar desastres sociales y ambientales, como se ha comprobado, por ejemplo, en Japón.
Es necesario impulsar la obtención de energías limpias e implementar la economía circular en las actividades económicas de nuestro país.
Nuevamente decimos, generemos energía para todos y no ganancia para una empresa. Por lo que la autonomía energética es un derecho que hace a la Autodeterminación de los Pueblos.
Por todos estos temas estamos atentos como organismo de DDHH a lo que ocurre y a disposición de quienes luchan por los Derechos Ambientales y las distintas cuestiones que tienen que ver con la defensa de una vida digna.
Reciban todos un saludo de Paz y Bien
Fundación Servicio Paz y Justicia
#lapazesfrutodela justicia
#lospueblostienenlapalabra