ANTE LA MASACRE CURUGUATY – PARAGUAY
El Servicio Paz y Justicia América Latina es una organización que funda su actuar en el profundo respeto por los Derechos Humanos y la No Violencia Activa, principios inspiradores y regidores de nuestro quehacer en el continente. En esta línea nuestro Servicio rechaza profundamente cualquier forma de violencia que implique la subyugación del otro(a), el no reconocimiento de la dignidad humana y la vulneración de derechos que viole las garantías constitucionales de todo ciudadano/a. El pasado 15 de junio se cumplieron tres años de la Masacre ocurrida en el predio „Marina Kue‟, ubicado en el distrito de Curuguaty, Paraguay y a pocos días que se celebre el juicio contra los campesinos, venimos a declarar lo siguiente: 1.- Como Servicio Paz y Justicia manifestamos nuestra preocupación pues desde el día de la masacre los campesinos imputados, hombres y mujeres,se encuentran en prisión preventiva, claro signo de la dilatación y parcialidad con la que ha actuado la justicia en Paraguay. Junto con ello, no podemos obviar la inexistente protección judicial, en el caso de denuncias presentadas por amenazas, detenciones arbitrarias y amedrentamiento de los campesinos que no se encuentran privados de libertad. 2.- Creemos que la justicia paraguaya y su ciudadanía debe prestar especial atención al Derecho a la Tierra en Paraguay, tal como mencionó el Papa Francisco en su primera encíclica “Laudato Si” en el punto 94: “El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque «a los dos los hizo el Señor» … Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de Paraguay: «Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real…”. 3.- Es necesario que la justicia esclarezca la propiedad de las Tierras, que según diversas fuentes, pertenecerían al Estado y no a la familia del empresario Blas N. Riquelme, ya que uno de los argumentos más fuertes de la fiscalía, es que los campesinos estarían ocupando ilegalmente tierra de privados, hecho que habría justificado el desalojo por parte de la policía paraguaya. 4.- De manera paralela a las irregularidades judiciales que estarían ocurriendo en torno al caso, rechazamos la estigmatización social que se ha generado en torno a los movimientos sociales y su legítima expresión ciudadana, pues creemos firmemente que el derecho a reunión, manifestación y expresión, son derechos humanos que deben ser reconocidos universalmente. 5.- A pocos días de la celebración del Juicio Oral y Público, instamos a la justicia a un proceso transparente, imparcial, que asegure el respeto por la dignidad y la vida humana. 6.- Así mismo instamos a la justicia a establecer mecanismos de reparación para los y las campesinos detenidos y sus familias. En esta línea declaramos nuestra preocupación, ante la situación de los abogados de la defensa, quienes estarán sujetos a sumario durante todo el proceso, hecho que presiona y compromete la legitimidad del juicio. 7.- Creemos fundamental que el proceso judicial cuente con Observadores de Derechos Humanos, Nacionales e Internacionales, que aseguren que los procesos judiciales sean imparciales y trasparentes. 8.- Finalmente, como Servicio Paz y Justicia, confiamos que este proceso judicial logrará esclarecer los hechos, tomando en consideración todas las pruebas presentadas, fundamentando el juicio en el respeto por los derechos humanos, y observando con especial atención el problema de fondo, que es resguardo al derechos a la tierra de miles de campesinos empobrecidos en Paraguay. SERVICIO PAZ Y JUSTICIA AMÉRICA LATINA www.serpajamericalatina.orgEl Servicio Paz y Justicia América Latina es una organización que funda su actuar en el profundo respeto por los Derechos Humanos y la No Violencia Activa, principios inspiradores y regidores de nuestro quehacer en el continente. En esta línea nuestro Servicio rechaza profundamente cualquier forma de violencia que implique la subyugación del otro(a), el no reconocimiento de la dignidad humana y la vulneración de derechos que viole las garantías constitucionales de todo ciudadano/a. El pasado 15 de junio se cumplieron tres años de la Masacre ocurrida en el predio „Marina Kue‟, ubicado en el distrito de Curuguaty, Paraguay y a pocos días que se celebre el juicio contra los campesinos, venimos a declarar lo siguiente: 1.- Como Servicio Paz y Justicia manifestamos nuestra preocupación pues desde el día de la masacre los campesinos imputados, hombres y mujeres,se encuentran en prisión preventiva, claro signo de la dilatación y parcialidad con la que ha actuado la justicia en Paraguay. Junto con ello, no podemos obviar la inexistente protección judicial, en el caso de denuncias presentadas por amenazas, detenciones arbitrarias y amedrentamiento de los campesinos que no se encuentran privados de libertad. 2.- Creemos que la justicia paraguaya y su ciudadanía debe prestar especial atención al Derecho a la Tierra en Paraguay, tal como mencionó el Papa Francisco en su primera encíclica “Laudato Si” en el punto 94: “El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque «a los dos los hizo el Señor» … Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de Paraguay: «Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real…”. 3.- Es necesario que la justicia esclarezca la propiedad de las Tierras, que según diversas fuentes, pertenecerían al Estado y no a la familia del empresario Blas N. Riquelme, ya que uno de los argumentos más fuertes de la fiscalía, es que los campesinos estarían ocupando ilegalmente tierra de privados, hecho que habría justificado el desalojo por parte de la policía paraguaya. 4.- De manera paralela a las irregularidades judiciales que estarían ocurriendo en torno al caso, rechazamos la estigmatización social que se ha generado en torno a los movimientos sociales y su legítima expresión ciudadana, pues creemos firmemente que el derecho a reunión, manifestación y expresión, son derechos humanos que deben ser reconocidos universalmente. 5.- A pocos días de la celebración del Juicio Oral y Público, instamos a la justicia a un proceso transparente, imparcial, que asegure el respeto por la dignidad y la vida humana. 6.- Así mismo instamos a la justicia a establecer mecanismos de reparación para los y las campesinos detenidos y sus familias. En esta línea declaramos nuestra preocupación, ante la situación de los abogados de la defensa, quienes estarán sujetos a sumario durante todo el proceso, hecho que presiona y compromete la legitimidad del juicio. 7.- Creemos fundamental que el proceso judicial cuente con Observadores de Derechos Humanos, Nacionales e Internacionales, que aseguren que los procesos judiciales sean imparciales y trasparentes. 8.- Finalmente, como Servicio Paz y Justicia, confiamos que este proceso judicial logrará esclarecer los hechos, tomando en consideración todas las pruebas presentadas, fundamentando el juicio en el respeto por los derechos humanos, y observando con especial atención el problema de fondo, que es resguardo al derechos a la tierra de miles de campesinos empobrecidos en Paraguay. SERVICIO PAZ Y JUSTICIA AMÉRICA LATINA www.serpajamericalatina.org