Modesto Rojas es cacique de la Comunidad wichí Kilómetro 5 de Tartagal, Provincia de Salta y su trabajo es defender los derechos de sus habitantes, que son 79 familias.
Nos contó que el año pasado a raíz de un corte de ruta para pedir trabajo y mejores condiciones de vida, varias comunidades de la zona cortaron la ruta 34 a la altura de Cuñá Muerta, también jurisdicción de Tartagal. En esa oportunidad y a raíz del corte fueron amenazados de muerte por un médico: el Dr. Céspedes del Hospital Juan D. Perón de dicha ciudad. El profesional dijo entre otras cosas que:“Ustedes los caciques indígenas, son sucios, vagos, matacos. Queremos ver cuando ustedes van al hospital; no, no los queremos ver, yo me encargo de matarlos uno por uno. No queremos ver a ningún indígena; cuando yo mato a un mataco, wichí, nadie sabe, porque yo soy doctor…”
Hace unos días el mismo médico al encontrarse con el cacique Modesto lo volvió a amenazar de muerte, pero esta vez a él personalmente.
Y no es la primera vez que se conocen hechos de violencia por parte de personal médico de ese Hospital – que no son todos, hay que aclararlo, ya que hay honrosas excepciones-, en desmedro de hermanos y hermanas indígenas de la zona. Y esa violencia es también no prestarles la debida atención, hacerlos esperar horas antes de brindarle sus servicios, no buscar un traductor cuando se requiera para que comprendan cuál es su dolencia, etc., etc. A ello se suma esta situación de amenaza, intimidación y racismo brutal como lo demuestra abiertamente este Dr. Céspedes.
Nos preguntamos, si esta situación es pública y se conoce, ¿cómo no existe autoridad, muchas veces elegida por los votos de estos hermanos y hermanas, que haga algo para evitar que esto continúe? ¿Cuántos muertos o muertas indígenas más tiene que haber para que se investigue, se aclare y se terminen el racismo y la discriminación en la salud indígena?
Pareciera que en Argentina las Convenciones sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, contra la Mujer y la Americana sobre los DD.HH. no se aplican en el ámbito de salud. Tampoco el Convenio 169 en cuanto el derecho a la igualdad. Es decir, tampoco se cumple en este sentido la Ley 23.592 que dispone que los actos discriminatorios constituyen un delito.
Por eso pedimos a las autoridades del INADI al igual que la Secretaría de los DD.HH. de la Provincia de Salta, que tomen las medidas necesarias para arbitrar que estas situaciones no se repitan. Por último, exigimos que el Poder Judicial de la provincia inicie la necesaria investigación a fin de sancionar a quienes realicen este tipo de actos.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2022.-