El país cumple 40 años de democracia y tenemos que hacer un balance de cómo vivimos la misma, con sus luces y sombras, y uno de los grandes problemas a enfrentar es la democracia delegativa. Votamos y pasamos todo el poder a quienes nos gobiernan, con graves consecuencias en el ejercicio constitucional, tanto en gobiernos nacionales como provinciales.
La reforma Constitucional del ´94 afirmó el federalismo, un avance fundamental en la vida e integración del pueblo y las provincias como Nación y, por lo tanto, en el fortalecimiento democrático.
La realidad nos pone ante la evidencia que algunos gobiernos provinciales comenzaron a utilizar ese derecho para provecho propio, al mejor estilo de los señores feudales, con la venta de tierras, los acuerdos con empresas transnacionales, entregando para su explotación recursos naturales como el petróleo, la minería, el agua, el litio; y provocando desmontes y destruyendo los bienes naturales; avanzando la contaminación del agua de ríos y mares, la desertificación y muchos otros males que afectan el medio ambiente y la vida de los pueblos.
Confunden desarrollo con explotación. El pueblo ignora qué hicieron los gobiernos provinciales con el dinero de las ventas de territorios, o los negociados inmobiliarios como en la CABA.
Ignoran el Derecho de los Pueblos originarios que sufren la expulsión de sus territorios, la persecución y represión del poder judicial que responde a los intereses políticos de los gobiernos provinciales.
Ejemplos sobran, el más reciente es el gobierno de Rio Negro que vendió al Emirato Árabe miles de hectáreas, sin consulta con las comunidades Mapuches que sufren la expulsión y son perseguidos y judicializados acusados de “usurpadores”, cuando la realidad es que defienden su territorio, cultura y forma de vida. Los gobiernos provinciales y jueces no reconocen la Constitución Nacional, violan el Art 75; el Pacto de la OIT 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
No existen instrumentos jurídicos de prevención y seguridad por abusos del poder de los gobiernos provinciales sobre los bienes y recursos naturales. Han reformado y adaptado su Constitución para eternizarse en el poder como señores feudales.
Vivimos en un país colonizado culturalmente, como en toda América Latina y el Caribe.
Es necesario volver la mirada y el pensamiento a investigadores que aportan a la reflexión como el historiador Luis Alberto Romero, quien hace referencia a Emile Durkheim que a su vez expresa que: “El Estado es el lugar donde la sociedad piensa sobre sí misma”. Esa definición incluye a los gobernantes, los administradores, los jueces, los representantes, periodistas, educadores y los medios masivos de comunicación.
Jueces que desconocen el derecho de los pueblos originarios, otros que son cómplices y penalizan con causas armadas a las comunidades favoreciendo los intereses económicos de sectores del poder. La dominación cultural lleva a desconocer los pueblos prexistentes como la Legislatura de Mendoza que afirma que “los MAPUCHES NO SON ARGENTINOS”. El racismo, la discriminación y el desconocimiento de la historia los lleva a cometer errores y horrores
Se profundiza la división de clases con los barrios cerrados, con guardias armados y cámaras de seguridad.
Recuerdo a Josué de Castro quien fuera Director General de la FAO en su obra la Geografía del Hambre: “Los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre”.
El sistema feudal ha levantado muros reales para dividir a los pueblos, la policía y la gendarmería reprime a los pobres y los vigila acusándolos de violentos, ignorantes y sucios; son apresados y castigados. Y, si la democracia en estos 40 años llega a esa situación, es necesario revisar sus contenidos y prácticas, ya que profundiza las injusticias y viola el derecho de los más pobres.
Un gran desafío es fortalecer la democracia participativa donde el pueblo no delegue todo el poder y tenga herramientas constitucionales y jurídicas para evitar abusos del poder e impedir que los gobiernos entreguen el patrimonio del pueblo a empresas extranjeras, como la dependencia al FMI, la Deuda Externa, impagable que pesa sobre la vida de los más pobres y que el préstamo acordado durante el gobierno del PRO fue para salvar bancos y empresas y no para el pueblo, pero le exigen al pueblo pagar lo que nunca recibió.
Es necesaria la reforma constitucional, generar un “Nuevo Pacto Social” que contemple el derecho e igualdad para todos y todas. Los pueblos deben ser protagonistas y constructores de su propia vida e historia. Es necesario recuperar la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, hoy sometida a la especulación financiera y a una inflación galopante.
Un Federalismo en bien del país y no de los feudos.
Indigna que Argentina, país con grandes recursos hoy tenga niños, jubilados y familias que pasen hambre, esta situación viola los Derechos Humanos y del pueblo.
El país está en campaña electoral, se avecinan tiempos de incertidumbre y definiciones, la lucha debe ser contra el hambre, el desempleo, la deserción escolar y poner límites a la especulación financiera y a las imposiciones extranjeras como el FMI que viene por los recursos y bienes del pueblo, el litio, petróleo, agua, etc.
Vuelvo a una pregunta olvidada: ¿“liberación o dependencia”, Federalismo o feudalismo? Esa es la cuestión.
Adolfo Pérez Esquivel
17 mayo 2023
Esa es la cuestión