Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de Derechos Humanos que preside Adolfo Pérez Esquivel, manifestamos preocupación por la represión sufrida por integrantes de la Familia Morales de la Comunidad Indígena la Rinconada de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, y vemos con preocupación el accionar represivo dispuesto por la Fiscal Saldaño, en turno en la Fiscalía Gral. de la 3ra Circunscripción de Belén.
Sobre todo que no se considere el acceso a la Justicia de los integrantes de esta familia en los términos de la Acordada 4102/09 de la Corte de Justicia de la Provincia, la que aplica las Reglas de Brasilia, en particular las que garantizan el derecho a acceder a la justicia a los Pueblos Indígenas.
En este sentido, es importante destacar que la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y el Convenio 169 OIT reconocen el derecho territorial de los Pueblos Indígenas a pesar de que estos no tengan documentos legales que acrediten la titularidad dominial, dado que los Pueblos son preexistentes al Estado Nación. Respecto del caso de Antofagasta de la Sierra, se produce una situación particular, ya que dicho territorio hasta la década del 70 perteneció al Estado Nacional y posteriormente fue anexado a la Provincia de Catamarca. Por lo tanto no hay pobladores indígenas, como no indígenas que posean título de propiedad.
Por ello, es muy preocupante que frente a esta situación de vulneración de derechos no se le haya dado intervención a la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia a fin de poder dilucidar la situación de la Familia Morales, ya que no solo con lo normado por el derecho indígena tienen derecho estas personas, si no que también lo tienen invocando el derecho civil, ya que en el mismo existe un principio que sostiene la posesión vale titulo, Por lo tanto los funcionarios judiciales deberían haber adoptado las medidas necesarias con el fin de evitar dicho atropello a los derechos de esta familia, ya que esta familia ha vivido desde tiempos inmemoriales en el lugar.
Por último, hacemos responsables a las autoridades sobre la integridad física de las personas que están privadas de la libertad e incomunicadas de manera arbitraria.
Buenos Aires octubre 30, 2019